La vigencia de la Ley 2101 llega en una coyuntura en que la que el Congreso discute una reforma laboral que sigue generando controversia porque, a juicio de sus críticos, encarecerá la generación de empleo formal y aumentará la informalidad.
A partir del próximo 15 de julio, la jornada laboral en Colombia se reducirá una hora a la semana, lo que supone retos en materia de productividad y organización para las empresas.
Y aunque las 47 horas podrían dividirse entre los cinco o seis días a la semana que labore el trabajador, hay incertidumbre y dudas sobre cómo se debe aplicar la Ley 2101 de 2021 para lograr, efectivamente, una jornada laboral de 47 horas.
¿Cómo se acordará la reducción de la jornada entre empleadores y trabajadores? ¿Se crearán más empleos, especialmente en aquellas empresas que tienen turnos de 24 horas? ¿Se verán afectados los derechos y la remuneración de los trabajadores? ¿Cuándo se llegará a la jornada laboral de 42 horas semanales? ¿Se afectará la productividad de las empresas? ¿Cuáles son las excepciones a la ley? son algunas de las inquietudes más frecuentes.
En su momento, la reducción de la jornada laboral fue criticada por Fenalco y la Andi, porque la propuesta original contemplaba que la disminución sería de 48 a 40 horas semanales, lo cual, según los gremios, encarecería la creación de empleo y afectaría la competitividad de las empresas.
Sin embargo, en la Ley se estipuló que la reducción de la jornada sería gradual hasta llegar a las 42 horas semanales en 2026 y se estableció que la distribución de las horas a laborar debería acordarse entre la empresa y el trabajador.
Por ejemplo, que las 47 horas podrían dividirse entre los cinco o seis días a la semana que labore el trabajador, lo cual daría como resultado 7.8 horas laborales al día. Pero, en un sentido más práctico, señaló que se podrían establecer jornadas de ocho horas diarias y dejar la reducción para el último día laboral de la semana.
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Los costos de la reforma
La vigencia inminente de la Ley 2101 llega en una coyuntura en que la que el Congreso discute una reforma laboral que sigue generando controversia porque, a juicio de sus críticos, encarecerá la generación de empleo formal y podría aumentar la tasa de informalidad que en el período enero-marzo se ubicó en 58,2%, según el Dane.
“La reforma laboral va a ser nefasta, porque generará desempleo y mayor informalidad. Es una reforma que está diseñada para favorecer a los que ya tienen empleo, pero los que hoy en día están desempleados o son informales tendrán una barrera muy alta para entrar al mercado”, dice Mauricio Santa María, ex ministro de Trabajo y presidente del centro de estudios económicos Anif.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señala que la reforma laboral va en dirección opuesta a lo necesario: aumenta los costos del empleo formal, lo que provocará un aumento del desempleo y la informalidad, agravando aun más problema de cobertura del sistema pensional, cuya reforma también se discute en la actual legislatura.
“El problema en Colombia es que los formales somos la minoría. Cuando se pretende defender a los empleados formales, lo que en la práctica termina sucediendo es que se le dificulta la entrada a la formalidad al 58% que no están en un empleo formal”.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
De hecho, según una encuesta de la Cámara de Comercio de Cali entre sus afiliados, el 71,3% de los empresarios considera que la reforma afectará la operación de sus negocios, el 75% afirma que desincentiva la generación de empleos y el 72,2% señaló que no contrataría practicantes o aprendices si se llega a implementar el proyecto.
“Colombia no puede tener un sistema laboral que favorezca la informalidad. Seguimos preocupados por los emprendedores, las MiPymes; entonces sí hubo unos cambios, pero no son fundamentales, no tocan el corazón de lo que se propuso, y sin duda alguna estamos frente alguna decisión que puede resultar siendo equivocada”, señala Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
Incluso un reciente estudio del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República señaló que la reforma laboral del gobierno podría ocasionar la pérdida de entre 152.000 y 746.000 empleos formales.
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