Colombia es uno de los países que ha liderado la lucha contra la piratería de software desde 1995, sin embargo sigue presentando pérdidas que superan los US$400 millones.
Por: Luis Enrique Castro
El índice de piratería de software en Colombia en 2013 fue del 52%, según el más reciente estudio de IDC. Esta cifra equivale en software ilegal instalado a US$396 millones, según Mario Restrepo Méndez, director de asuntos corporativos de 100% Legal, asociación que trabaja en conjunto con el gobierno nacional.
«La piratería en Colombia viene afectando de manera dramática la economía del país, pues las pérdidas por este delito se calculan en al rededor de US$400 millones al año. Adicionalmente, está íntimamente ligada a actividades delictivas como el contrabando y el lavado de activos», explica Restrepo.
Sin embargo, en comparación con Latinoamérica, el país no está tan mal. Existen casos críticos como Venezuela, donde el índice alcanza el 80%, según Fernando Paredes, especialista en derecho informático. Brasil, México, Venezuela y Argentina encabezan el top 20 de las economías en las que se presentan las mayores pérdidas por el uso de software no licenciado, convirtiendo a la región en la tercera a nivel mundial en piratería, según un estudio de BSA The Software Alliance.
Para Paredes es importante diferenciar dos fenómenos: una empresa que se encuentre con el cien por ciento de programas piratas o que tengan el problema de sublicenciamiento, que consiste en usar más licencias de las que se han comprado. «Cuando hacemos estudios en las ciudades capitales, casi no encontramos empresas que sean 100% piratas, pero a medida que nos alejamos, ese nivel de sublicenciamiento va creciendo, e incluso comenzamos a detectar casos de piratería del 100%», explica.
Según Camilo Gutiérrez Amaya, Security Researcher de ESET Latinoamérica, el uso de software no licenciado en las empresas de la región, sobre todo en aquellas más pequeñas, es una práctica bastante habitual, impulsada por dos razones particulares: la ilusión de que se genera un ahorro en dinero y el poco control que tienen sobre estos temas. «La falsa creencia de que instalando software no licenciado ahorra unos pesos al no tener que invertir en software legal es bastante común por la falta de conocimiento de las amenazas a las cuales puede verse expuesta la información de una empresa. Además, en muchos países los controles de las autoridades sobre este tipo de temas se centran en las empresas más grandes, ya que por la dispersión de las más pequeñas se vuelve una tarea compleja», asegura.
¿Cuáles son los riesgos?
Según Daniel Molina, director general para los mercados emergentes de América Latina de Kaspersky Lab, cuando un empresario corre el riesgo de instalar un software pirata está sujeto a que aprenda que a veces «lo barato sale caro».
«Al instalar un programa «pirata», el empresario puede estar instalando un malware, con sus credenciales legales, dándole permiso a esa herramienta maliciosa de sacar los datos más importantes y valiosos de su empresa», asegura Molina.
Adicionalmente, el empresario debe enfrentarse a que el programa instalado no cuente con el soporte técnico de la compañía oficial, haciendo que la empresa corra el riesgo de que el programa no cuente con los parches o actualizaciones necesarias para que funcione de forma óptima y proteja la información del equipo en donde se encuentra.
Del mismo modo, Molina explica que cuando un software está infectado, permite la instalación de programas peligrosos y programas espías que son usados por los cibercriminales para adquirir las contraseñas y demás información privada de los usuarios, traduciéndose en acceso libre a las cuentas bancarias, claves de redes sociales y otra información que puede ser vendida en el mercado negro o para monetizarla directamente.
Además de los riesgos tecnológicos están los riesgos legales, que pueden ir desde las sanciones pecuniarias, indemnizaciones, multas, violaciones de copyright y mayores costos de infraestructuras.
El llamado de todos los expertos es a apostar por la legalidad, a contar con las licencias necesarias que la empresa necesite y a no instalar programas que sean piratas y que pongan en riesgo la operación de la compañía. «Queremos que los empresarios rechacen la instalación de software pirata, que no sean cómplices de actividades delictivas ligadas a la piratería, como el contrabando, el terrorismo, el lavado de activos y la evasión de impuestos, que no permitan la corrupción ni toleren las ventajas o beneficios basados en prácticas ilegales. La invitación es a jugarle limpio a Colombia», afirma Restrepo.
